La mañana del lunes, dentro de una guardería privada en la zona de Romema, en Jerusalén, dos bebés de unos cuatro meses fueron hallados muertos. Según la sospecha inicial, gases tóxicos liberados por un calefactor improvisado, encendido de forma negligente en una habitación cerrada, fueron inhalados por los niños. Más de cincuenta bebés y niños pequeños fueron trasladados al hospital ante la sospecha de exposición a sustancias tóxicas procedentes de aparatos de calefacción temporales. En cuestión de minutos, un apartamento tranquilo se convirtió en una escena de emergencia, los equipos de rescate llenaron la calle y padres desesperados comenzaron a buscar a sus hijos entre el caos.
La policía abrió una investigación, los equipos médicos intentan determinar la causa exacta de la intoxicación y las autoridades examinan cómo una guardería que presuntamente operaba sin licencia pudo funcionar en el corazón de un barrio ultraortodoxo densamente poblado. Más allá de las cuestiones técnicas sobre calefacción y ventilación, la tragedia de Romema plantea una pregunta mucho más profunda – ¿quién permitió que ese lugar siguiera abierto y quién decidió enviar allí a bebés?
¿Cómo puede funcionar una guardería sin licencia en un barrio ultraortodoxo?
Romema no es una zona marginal. Es un barrio antiguo, organizado y densamente poblado, con instituciones educativas y una sólida red comunitaria. Aun así, en pleno centro, una guardería presuntamente operaba sin licencia, sin supervisión y sin cumplir condiciones básicas de seguridad.
En comunidades cerradas este fenómeno es bien conocido. La escasez de centros autorizados, la profunda desconfianza hacia las autoridades y el deseo de mantener el control interno crean un terreno fértil para estructuras que operan fuera de la supervisión estatal. La recomendación de un vecino sustituye al permiso oficial y el conocimiento personal reemplaza a la inspección profesional.
Cuando los padres envían a sus hijos a una guardería clandestina, ¿de quién es la responsabilidad?
Junto al problema de la licencia, ahora emerge el debate sobre negligencia e irresponsabilidad. El uso de un calefactor improvisado en una habitación cerrada con bebés, sin ventilación adecuada y sin supervisión profesional, apunta a un fallo grave de seguridad.
Es fácil culpar a cuidadores o administradores, pero el papel de los padres no puede ignorarse. Quien confía a un bebé de pocos meses a un centro que presuntamente funciona sin licencia, sin autorización y sin control asume conscientemente un riesgo.
En sociedades donde todos se conocen, la confianza personal suele imponerse a las normas básicas de seguridad. La licencia se percibe como una simple formalidad burocrática, y no como la línea vital entre centros supervisados y espacios fuera de control. La tragedia de Romema demuestra hasta qué punto esta mentalidad puede ser peligrosa.
